En 2010 aumentó 30% la extorsión con cauda de 119 pilotos de buses asesinados y “ganancias” para los criminales equivalentes a 70 millones de quetzales. Junto a ello, el hecho de tener celular o contestar una llamada telefónica significa, incluso, riesgo de perder la vida en Guatemala. El impacto de la extorsión es expansivo y afecta tanto a la victima cómo a su entorno. En no pocos casos, pequeños y medianos empresarios son obligados a cerrar sus empresas.
En el 2007, se aprobó el decreto 9-2007 para que los operadores de telefonía móvil crearan una Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) para luego enviar cada 15 días el listado a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y bloquearlos. En más de tres años no se hizo nada porque la Ley decía “sin responsabilidad de su parte” en referencia a los operadores. Ahora estas empresas ofrecen que si...